Plantean se explique cómo se distribuirá «fondo compensador”

21/11/2018

Como era de esperar aparecieron colectivos transportes públicos de pasajeros de la empresa Crucero del Sur, “con carteles que advertían a los usuarios que a partir del 1 de enero del 2019 tu boleto a $ 40”.

Es que a partir de esa fecha –según lo advirtió la Defensoría del Pueblo de la provincia- no habrá más subsidios nacionales a los colectivos urbanos y suburbanos. El Estado nacional pretende cubrir con 6.500 millones de pesos los cerca de 53.000 millones que, en menos de dos meses, dejará de enviar a las provincias y municipios para sus redes de colectivos, subsidios que –vale aclararlo– desde el 2002 a esta parte vienen sosteniendo cerca de un 50 por ciento del valor de la “tarifa técnica” a través de compensaciones monetarias, por un lado, y de la provisión de gasoil a un precio diferencial por el otro.

Así el panorama, se plantean dos alternativas: o que las provincias y municipios se encarguen de cubrir esa brecha o que la diferencia pase directamente a la tarifa, con lo cual el boleto que paga el pasajero podría escalar al triple del precio actual.

El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca informó que los montos de giros financieros son los siguientes: Provincia de Buenos Aires$16.752 millones (el 27,61%), Córdoba $3.262 millones (el 5,38%), Santa Fe $2.705 millones (el 4,65% del total) y a Mendoza $2.027 millones, lo que equivale al 3,34%, Tucumán recibe $1.735, lo que representa el 2,86% del total de subsidios, a Salta se envían $1.104, equivalentes al 1,82%. Para a Jujuy se giran $921 millones (el 1,52%) y a Misiones, $871 millones (el 1,44%).La lista sigue con San Juan, que recibe $771 millones (o el 1,27% del total), continúa con Entre Ríos y sus $628 millones (1,04%), Santiago del Estero con $587 millones (0,97%) y Corrientes, con $510 millones, lo que representa el 0,84% del total. Chaco, en tanto, recibe por año 506 millones de pesos, es decir, el 0,83% del total de subsidios, Chubut registra $382 millones (el 0,63%), Neuquén anota $360 millones (0,59%) y San Luis con $335 millones (0,55%). En última instancia están Río Negro con $303 millones, lo que equivale a 0,50%, Catamarca con $276 millones (el 0,45%), La Rioja con $127 millones (el 0,21%), Formosa con $101 millones (0,17%), La Pampa con $79 millones (0,13%), Santa Cruz con $49 millones (0,08%) y Tierra del Fuego con $38 millones (el 0,06% del total); lo que nos muestra una discrecionalidad alarmante. Sumado a que en la actualidadcon el Presupuesto 2019 aprobado tenemos la plena convicción y seguridad de que el Gobierno Nacional no ha analizado la ejecución de esta medida y menos aún los efectos negativos que causará a los sectores más vulnerables y a las empresas del transporte público, esto nos muestra también que, no existió ninguna planificación y si una gran discoordinación puesto que el golpe al bolsillo resultará incluso mayor que el aumento de la energía eléctrica y las opciones que tienen los pasajeros van desde las más simples como caminar, andar en bicicleta o compartir los gastos de un remis o auto particular, hasta las más conflictivas  para la seguridad vial y la salud como es la adquisición de ciclomotores.

Por ello desde la Defensoría del Pueblo se concretó una formal Instancia a esferas federales, desde el Presidente de la Nación Mauricio Macri y a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, solicitándoseles que “informen fundadamente como harán las provincias del Norte Argentino para que funcione un transporte público con un fondo de $6.500 millones de pesos anuales”.

“Aquí solicitamos también que el Fondo de Compensación del ministerio de Transporte no sea para asistir exclusivamente a los municipios de Cambiemos”, afirmo, y además advirtió que “como estamos en una economía de recesión, es evidente que con esta eliminación de subsidios no se ha trabajado por parte del Gobierno Nacional en una política de transporte, si no únicamente en una política de ajuste, con lo cual se les debe garantizar a los usuarios, un costo razonable, fundado y acorde con las realidades regionales, sobre todo en lo que hace a los ingresos de los empleados públicos y privados de los costos o precios del transporte urbano de pasajeros”, explico la Defensoría.

Afirmo finalmente el Ombudsman que “existen variadas razones para que este subsidio exista de alguna manera, pues con el mismo se permite la movilidad para ir al trabajo, a estudiar, a los hospitales, etc. y lo que nadie dice, es que no hay posibilidades que alguien derroche algo o haga un mal uso de este servicio, puesto que es el más accesible para las clases sociales vulnerables y medias de nuestra comunidad”.

 

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