Plantean poner límites a violentos que impiden un servicio de transporte de pasajeros eficiente
“El paro total de transporte público de pasajeros que soportan los usuarios de la Ciudad de Formosa”, fue denunciado por la Defensoría del Pueblo como “absolutamente ilegal, pues no cumple con ninguno de los requisitos para que tenga legitimidad constitucional a saber: el sujeto que los promueve y los participantes, el objetivo que le da fundamento, el modo de ejercicio y el cumplimiento de los procesos de conciliación voluntaria y obligatoria; por ante la Subsecretaría de Trabajo, Justicia y Culto de la Provincia, a quién se le solicitó que declare ilegal la medida. Por ello además hemos interpuesto la denuncia penal correspondiente por ante la Fiscalía Penal de Turno, contra todos aquellos que no permiten que los trabajadores presten un servicio esencial y también una Acción Civil que tiene por objetivo normalizar la prestación del transporte publico de pasajeros con todas las garantías que requieran los usuarios, choferes y vehículos.
El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, señaló que “los sujetos que promueven estas medidas deben ser los sindicatos, como ya lo estableció después de más de 60 años de debate, la Corte Suprema de Justicia en el caso: “Orellano, Francisco Daniel y otros c/Correo Oficial s/Sumarísimo”, en el que se determinó que solo un sindicato con personería puede ser el sujeto que promueva acciones, en el que solo participan obviamente los trabajadores afectados por los agravios que conforman el objeto de la medida. En este caso, el sector gremial de la Unión de Conductores de la República Argentina -UCRA- no posee en Formosa, personería gremial ni jurídica y por ello es que mañosamente se apoyan o pretenden involucrar a la CTA en este conflicto, para tratar de legitimar algo que no pueden; por otro lado, el objeto de la medida es injustificado.
“La empresa “Crucero del Sur” al despedir a un trabajador que venía de “Flecha Bus” más precisamente del sector de lavadero y que fue incorporado en su momento, puso a disposición del mismo la indemnización que por derecho corresponde y además pagó los diez haberes pertinentes en concepto de sanción por la cláusula que establece que por ahora no podrían despedir a ningún empleado. Esto es a la luz del derecho, el pseudo sector gremial que imposibilitan a los ciudadanos de Formosa a que accedan a un servicio público esencial y que actualmente impiden el ingreso y egreso de unidades de la sede de Crucero del Sur, carecen de fundamento”, expuso el ombudsman.
Entiende que “la subsecretaría de Trabajo, Justicia y Culto, tiene las atribuciones para declarar la ilegalidad de la medida, ya que esta acción de fuerza nació mal, se está promoviendo en forma ilegal, la llevan adelante sujetos que no son sindicalistas, promueven acciones ilícitas y mucho de sus actos pueden ser tipificados como delitos, por lo cual esperamos que la Fiscal Penal de Turno, cite a todas las personas que con gran violencia utilizando hasta armas de fuego en el día de ayer lograron su objetivo y que no era otro, que los vecinos no tengan un medio de transporte para cumplir con sus obligaciones y así dejaron a docentes, estudiantes, empleadas domésticas, servidores públicos y privados en una situación que en los últimos tiempos se viene repitiendo, sin que ninguno de los que promueven estas acciones marginales sean privados de su libertad”.
Advirtió Gialluca que “las cuestiones de disputas gremiales no pueden desmadrarse de la forma en que sucede en Formosa, más con los antecedentes de este sector, donde ya hubo gravísimos hechos de violencia y donde siempre los únicos perjudicados son los usuarios”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se señaló que también la municipalidad de Formosa, en lo que respecta a los incumplimientos de la empresa Crucero del Sur, debe aplicar como corresponde y en forma inmediata su Poder de Policía en favor de la universalidad de usuarios.
Considero que “en este momento, están ganando los violentos, aquellos que se dicen gremialistas y que quieren lo mejor para los trabajadores y los usuarios, a todos ellos esperamos que la justicia y las autoridades competentes tanto de la provincia como del municipio sean inflexibles”, afirmando concluyente en que “no deben mezclar sus disputas gremiales con las necesidades de la gente, que tiene el derecho a tener un servicio publico de pasajeros normal, sin interrupciones, con cumplimiento de las frecuencias, con un trato digno y para ello también la empresa prestataria debe invertir como se comprometió y cumplir con todas sus obligaciones si no quiere que luego se le rescinda el contrato por incumplimientos de sus deberes”.