Plantean a Nación suspender intimaciones a los discapacitados que reciben pensiones ¬

Advirtió la Defensoría del Pueblo, que centenares de beneficiarios de pensiones no contributivas de Formosa, especialmente los que perciben esta gracia por invalidez; vienen recibiendo de la Agencia Nacional de Discapacidad –ANDIS- que depende de la ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley, cartas documento, intimándolos a que actualicen sus datos médicos, mediante un nuevo sistema digital, otorgándoseles un plazo de 60 días, a partir de los cuales está habilitada para proceder a la suspensión del pago de la pensión no contributiva por invalidez.

“Todo ello basado supuestamente en las resoluciones 219/39, 219/44 y en los artículos 25 y 26 del anexo del Decreto Nº 432/97, se explico, advirtiéndose i9ncluso que “previéndose aplicar subsidiariamente la ley 19.549 y el Decreto Nº 1759/72 (to.2017)”.

Frente a esto el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, interpuso “una formal queja y reclamo administrativo contra este sistema digital habilitado unilateralmente, y pidió que hasta tanto, las personas con discapacidad, sus familiares y además los hospitales públicos, centros de salud, se encuentren en condiciones de cumplir con las exigencias implementadas, se suspenda con efecto retroactivo todo tipo de Intimación a discapacitados y exigiósimplemente un Programa de Información y Capacitación dirigida a todos los sectores involucrados, agregando la necesidad de un relevamiento de la real existencia de conectividad y de equipamientos tecnológicos adecuados para la finalidad que se pretende”.

El funcionario provincial señaló que “en primer término, necesitamos institucionalmente que se nos explique lo que denuncian los familiares de los pensionados por invalidez, en el sentido de que los hospitales públicos y los distintos efectores de atención de diferentes grados que existen en nuestra provincia y en todas las jurisdicciones de nuestro país (con los cuales se ha comunicado nuestra -Dirección de Salud y Vivienda-, no tienen idea de lo que se les está hablando y por otro lado, no se encuentran en condiciones técnicas y menos aún poseen médicos capacitados para confeccionar el certificado médico oficial -CMO Digital- que se está exigiendo y que de no cumplirse en el plazo de 60 días se suspenderán los beneficios y luego los mismos serán dados de baja”.

Por otro lado, se hizo notar que “si los médicos y los hospitales no tienen conocimiento de lo qué estamos hablando, y nadie los ha capacitado para realizar estos trámites digitalmente, en las provincias del Norte en el caso de la baja de una prestación, el beneficiario se verá obligado a realizar nuevamente el trámite lo cual le traerá como consecuencia que durante años, no podrá tener acceso a tratamientos médicos esenciales, a descuentos en medicamentos, en prótesis, etc. y por ello se debió tener en cuenta que todo este sistema perverso está dirigido a personas que son “analfabetos digitales” y con gravísimos problemas para acceder a las tecnologías que se pretende imponerles desde el Gobierno Nacional.

Gialluca señaló que básicamente lo que se busca o se pretende, pero no lo dicen públicamente, desde el Estado Nacional, es suspender y eliminar preventivamente unas 190.000 mil pensiones no contributivas.