Para Gialluca el problema de la inseguridad no se soluciona con represión sino con prevención

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, remitió una formal actuación a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que deje sin efecto la resolución 956/18, por ella dictada, y que reglamenta “en teoría” el uso de armas letales por parte de las Fuerzas Federales. La norma establece que los agentes del orden pueden disparar a una persona que huye “aunque no esté armada” o en los casos en que “se presuma que la persona pueda poseer un arma letal”.

Sobre el particular el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, expresó: “Es generalizado el sentimiento de que en la Argentina no sólo se está lejos de la tan mentada “inseguridad cero”, que prometiera el Presidente de la Nación en su campaña, sino que los datos revelan que, desde el 2015, el delito se ha incrementado en el país, especialmente en las grandes ciudades. Todos reclamamos una respuesta ante tal situación, pero una acertada, no está que es una aberración, subrayó el funcionario. El habilitar indiscriminadamente el uso de armas de fuego a agentes y funcionarios federales, puede generar situaciones aún peores de las que se tratan de evitar”.

Advierte que “la Resolución Nº 956, va en contra de nuestro Código Penal y de la propia Constitución Nacional y, pese a que la Ministra Bullrich diga que no es así, los jueces están empezando a poner las cosas en su lugar prohibiendo su aplicación, pues la funcionaria carece de facultades de legislar o decidir en contra del Ordenamiento Jurídico Vigente, mediante un pretenso reglamento que desconoce además el sentido común”.

Expuso que “los países que han superado los problemas de inseguridad, lo han hecho sobre la base de la educación y la prevención de situaciones delictivas, mediante la formación ciudadana, generando condiciones socioeconómicas y culturales que erradicaron la marginalidad y no precisamente autorizando a los uniformados de sus fuerzas federales a abrir fuego cuando no les guste la cara de un individuo que puede ser cualquiera de nosotros”.
En tal sentido, destacó el funcionario, “compartimos los avances judiciales y legislativos encaminados a derogar la resolución antes citada, sin perjuicio de lo cual, como paso previo a interponer una acción judicial para que en Formosa no ingrese el “gatillo fácil”, peticionando al Gobierno Nacional que “recapacite sobre la peligrosidad que conlleva en sí misma este tipo de decisiones, más aún en provincias fronterizas como Formosa donde en los últimos años se han incrementado exponencialmente el número de efectivos (hombres y mujeres) de Fuerzas Federales, debiendo existir siempre una gran claridad al respecto, puesto que una vez consumado un hecho de muerte violenta no hay forma de que compense o subsane alguna irregularidad o error”. –