La Defensoría se opone a la privatización de Transener
Desde la Defensoria del Pueblo de la provincia se peticiono formalmente al ministerio de Energía federal a que convoque a una audiencia pública con carácter nacional, de manera urgente, donde la ciudadanía pueda participar y expresarse sin restricción alguna sobre si es necesario y a quien beneficia la venta de las acciones de Transener (transportista de energía) que posee el Estado Nacional.
Se advierte que “se trata de una actividad en donde tanto la generación como el transporte son hasta ahora netamente monopólicas y además poseen la naturaleza de estratégicas para las economías regionales y nacionales, entendemos no debe pasar a ser manejada exclusivamente por el sector privado el que como todos sabemos, posee una sola finalidad que es el lucro y las ganancias, en tanto el Estado posee la obligación de cubrir y responder siempre a las necesidades no solamente de los usuarios residenciales, comerciales sino también de las PyMES que vienen todos padeciendo las consecuencias negativas de los aumentos irracionales e injustificados del costo de la energía electrica dispuesto por el Gobierno Nacional.
“Así en nuestro medio se aplicará un aumento del 25% en el valor de la energía domiciliaria, desde el 1º de diciembre pasado y podría producirse otro incremento el 1º de febrero de un 45%, lo cual tornara prácticamente impagable la factura de energía para la mayoría de los sectores sociales de nuestra provincia; justo en meses de altos consumos por los calores reinantes”, se advirtio.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que se rechazan las afirmaciones del ministro de Energia nacional, Juan Aranguren el cual asegura que las ventas de las acciones que tiene Enarsa en Transener , «permitirán realizar una ganancia más que importante en beneficio de la empresa estatal». Entiende que lo afirmado “no siempre es lo mas relevante, cuando hablamos de servicios públicos esenciales y estratégicos, ya que la generación, el transporte y la distribución de energía poseen estas características”.
Por ello considero necesario que “desde el Gobierno Nacional expliquen cuales son los reales motivos para privatizar este sector del transporte de energía y a su vez teniendo a la fecha Enarsa el 50% de las acciones de control de la empresa Citelec, propietaria de Transener, de la que Pampa Energía es también accionista y donde denunciamos que es necesario que se nos explique a los usuarios porque además la disposición administrativa firmada por el subsecretario de Coordinación Administrativa del ministerio de Energía, Marcelo Pedro Blanco, quien fue miembro del directorio de Pampa Energía en la actualidad se encuentra involucrado en esta privatización”.
Expuso que “nos podrán otorgar a los usuarios y consumidores “diferentes explicaciones sumamente técnicas como que Enarsa no es titular de acciones directas de Transener, sino que es co- controlante de Citelec y así otros puntos, pero lo que no responde ni justifica el ministro de Aranguren, es porque impulsa o quiere que Transener pase a manos exclusivamente del sector privado, como si con ello nos aseguramos un servicio mas eficaz, mayores inversiones y costos más bajos”.
“Transener es la empresa que transporta el 65% de toda la energía que consume el país y tiene un contrato de concesión cuya duración es de 90 años; propiedad en partes iguales del Estado a través de Enarsa y del Empresario Marcelo Mindilin, dueño también de Pampa Energía”, revelo.
En esta línea de razonamiento el Defensor del Pueblo señaló que “no podemos olvidarnos del, “colapso energético” producido a fin de año y donde no solamente Formosa sino también las provincias del Chaco y Corrientes quedaron sin energía electrica por un lapso de mas de una hora, porque un elemento de Transener en la alimentación de la línea de 500 KV salió fuera de servicio y nada nos garantiza que la parte privada vaya a cambiar esta situación a favor de los usuarios, invirtiendo en mejor y mayor infraestructura , sin acudir antes a tarifazos como los dispuestos por el Gobierno Nacional y donde recién, “luego las empresas con el dinero de la gente realizan algunas inversiones sin que sean debidamente fiscalizadas a través del poder de policía que debe ejercer correctamente el Estado”.
